Agenda pendiente para la reforma tributaria. Parlamentarios, funcionarios del Ejecutivo, académicos y organizaciones de sociedad civil participaron la mañana del miércoles de una mesa de trabajo en el Congreso de la República en torno a los retos de la política tributaria. Durante la sesión, se pusieron en discusión los desafíos del país ante la caída de recaudación, que pone en riesgo el financiamiento de los servicios que brinda el Estado. 

La congresista Marisa Glave abrió la mesa reafirmando la urgencia de discutir y poner plazos claros para afrontar los elementos que están distorsionando el sistema tributario y haciéndolo cada vez más regresivo, entre ellos los beneficios tributarios, la elusión y la evasión.

“La necesidad de aumentar la presión tributaria es algo que debería ser motivo de consenso nacional. Somos uno de los países del mundo con menor presión tributaria, y eso dificulta al Estado realizar las inversiones necesarias para garantizar los derechos de todos los peruanos y peruanas”, enfatizó José De Echave por parte del Grupo Justicia Fiscal.

Como se recuerda, la presión tributaria en el Perú cayó al 13% del PBI el año 2017, lo que representa la cifra más baja de los últimos 15 años. Una cifra como esta sólo se ha conocido en el pasado durante graves crisis económicas, lo que muestra lo delicado de la situación actual.

Los decretos tributarios emitidos por el Ejecutivo en el marco de la delegación de facultades son “positivos pero insuficientes”, consideró De Echave. Destaca en particular el Decreto Legislativo N° 1422, que precisa responsabilidades de las empresas en relación con la elusión tributaria, aunque no queda claro si esto implica que se ha reactivado la Norma Antielusión que había sido suspendida en 2014 con la Ley 30230.

“Una primera evaluación del conjunto de decretos legislativos publicados recientemente muestra que en principio el Perú estaría buscando adecuarse a los mejores estándares internacionales en materia tributaria, especialmente aquellos recomendados por OCDE. Sin embargo, están lejos aún de constituir una reforma integral acorde con los desafíos existentes. El Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que no ha aplicado una reforma tributaria integral en los últimos años”, señaló. “Los decretos mejorarán la recaudación tributaria, pero aún nos dejan muy por debajo de la recaudación en la región”, agregó.

Por su parte, Marco Camacho, funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que entre los decretos emitidos se ha logrado avanzar en la aplicación de la norma antielusiva general, suspendida en 2014, lo que permitirá combatir la elusión tributaria. Asimismo, adelantó que preparan proyectos de ley para racionalizar los cerca de 200 beneficios tributarios vigentes en el Perú, que no disponen de evaluaciones técnicas que midan sus impactos. Propuso que “se debería hacer transparente el nombre de las empresas que se benefician, además de incorporarlos a una partida del presupuesto público, porque en la práctica es un gasto”.

De igual forma, Reynaldo Torres de la SUNAT consideró que “los gastos tributarios requieren mucho esfuerzo administrativo y distraen a la SUNAT de su labor principal, que es asegurar recursos para el Estado. Es necesario que estos se aprueben con mucho más rigor, y se pueda medir y evaluar la medida de acuerdo a su objetivo”.

El congresista Miguel Torres, se mostró de acuerdo con la propuesta de Grupo de Justicia Fiscal para restituir la plena vigencia de la Norma XVI contra la elusión. Por su Parte, el legislador Jorge del Castillo, planteó la creación de un impuesto por la venta de acciones de las empresas mineras, puesto que estas extraen recursos naturales que son propiedad de todos los peruanos.

Sobre las devoluciones

Uno de los temas de mayor alarma ha sido lo ocurrido con las devoluciones tributarias, que se dispararon entre 2016 y 2017 causando un impacto negativo en la recaudación. Incluso, en 2016 la recaudación tributaria en el sector minero fue negativa, pues el Estado devolvió S/ 5.889 millones a las empresas de este rubro, pero recaudó apenas S/ 4.307 millones, lo que significa un saldo neto negativo de S/ -1.582 millones. En los años 2017 y 2018, las devoluciones de impuestos han continuado siendo una pesada carga para el fisco.

“Existe una discusión en el mundo para definir en qué circunstancia las devoluciones deben considerarse razonables y en qué momento son irrazonables”, explicó el docente por la PUCP y especialista en el tema, Luis Duran. Agregó que existen marcos en la Unión Europea y OCDE que empiezan a analizar estos instrumentos pues no deberían ser beneficios fiscales ocultos. En el Perú “hay poca claridad sobre el rol de las devoluciones de tributos. Yo creo que en algunos casos se están devolviendo impuestos donde no se ha analizado si esas devoluciones cumplen con el principio de igualdad. Creo que en algunos casos estamos ante beneficios”, agregó.

Por su parte, la legisladora Marisa Glave, miembro del Grupo de Trabajo sobre Ampliación de la Base Tributaria, consideró que “si bien el Estado tiene la obligación de devolver el IGV a los exportadores, también tiene la obligación de devolver la deuda social, de pagar la deuda social. ¿Por qué el Estado tiene que devolver el 100% a las empresas mineras en el momento en que estas lo piden? Creo que es posible pensar en algún mecanismo que no ponga en riesgo la recaudación”, agregó.

Agenda pendiente

Ante la gravedad de la caída de la recaudación en los últimos años, el Grupo Justicia Fiscal propone una agenda de reformas que afronte la ampliación de la base tributaria, pero incorporando el principio de progresividad que permita que nuestro sistema tributario sea más justo. Entre los temas urgentes están: la lucha contra la evasión y elusión, que actualmente genera pérdidas anuales superiores a S/ 60 mil millones; la revisión de las exoneraciones e incentivos tributarios, que superan los S/ 16 mil millones anuales; corregir el sistema de devoluciones tributarias; acciones para lograr el cobro de las grandes deudas judicializadas por las empresas; y reformar el régimen fiscal minero, a fin de que las ganancias económicas que se obtienen con la explotación de nuestros recursos naturales, beneficien de manera más justa a los peruanos y peruanas.

El Grupo de Justicia Fiscal está conformado por Oxfam, Propuesta Ciudadana y CooperAcción. La Mesa de Trabajo fue convocada por iniciativa del despacho de la congresista Marisa Glave a fin de poner en debate la agenda pendiente respecto de la política tributaria.