Estamos atravesando una grave crisis política que pone en riesgo la gobernabilidad democrática y afecta la marcha de la economía en perjuicio de todos y, en particular, de los que menos tienen. Los videos difundidos ayer, que muestran a congresistas fujimoristas vinculados al gobierno de PPK en componendas para apoyar la no vacancia a cambio de obras públicas que los beneficien económicamente, han conmocionado a la opinión pública nacional y profundizado la crisis del sistema político, tornando inviable la continuidad del Presidente y poniendo en la agenda la necesidad de una profunda reforma de nuestro sistema político y de representación.  

Es claro que el principal responsable de esta crisis es el propio Pedro Pablo Kuczynski, por su incapacidad para explicar de manera convincente sus cuestionables relaciones comerciales con Odebrecht cuando fue ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo, así como por su evidente falta de parámetros éticos en el uso de los instrumentos del poder para continuar en el cargo. Es evidente también que el problema no está solo en el Poder Ejecutivo, ya que nuestra clase política está de espaldas a los problemas que afectan a la población y actúan únicamente en función de sus intereses personales y de grupo. La mayoría que controla el Congreso no duda en amenazar y presionar al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Asimismo, es indudable que mantienen sus viejas prácticas de los noventa, como se evidencia en la arbitraria reforma a la Constitución bajo la forma de una modificación al reglamento del Congreso, cambiando con ello el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Una muestra más de que la crisis política es generalizada es que, a pesar de las evidencias de que el sistema de financiamiento de los partidos es el punto de partida de la corrupción y del control del Estado por parte de poderosos grupos empresariales e incluso de mafias organizadas, el Congreso se resiste a modificar radicalmente las reglas electorales. Por ello, consideramos que la mejor opción es prohibir el financiamiento privado de los partidos o establecer criterios que limiten al máximo posible el impacto del poder económico en los procesos electorales.

Frente a esta situación, el Grupo Propuesta Ciudadana expresa su firme convicción por el respeto de la institucionalidad democrática para salir de esta crisis que, estamos seguros, terminará con la renuncia o vacancia de PPK y plantea la necesidad de la urgente renovación de la clase política para construir una verdadera democracia. Finalmente, demandamos resguardar y fortalecer la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción, así como la implementación efectiva de las recomendaciones hechas por la Comisión Presidencial de Integridad.