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Especialista participan de reunión de trabajo “Asociaciones Público Privadas: ¿beneficio público o negocio privado?”

Especialistas exigen mayor transparencia en las Asociaciones Público Privadas

Economistas advierten que actual esquema de APP favorece el negocio privado más que el beneficio público. Piden al gobierno replantearlas a través de normas más exigentes y con criterios técnicos.

Publicado: 2017-02-15

Para dinamizar la economía y, a la vez, cerrar la brecha de infraestructura del país, el gobierno apuesta por promover las Asociaciones Público Privadas (APP). Para el periodo 2017-2019 proyecta que las inversiones bajo esta modalidad aumentarán al 24.6% de la inversión pública total, cuando en el periodo 2005-2015 alcanzó 7,9% en promedio. Pero, según advierten especialistas, las APP estarían favoreciendo el negocio privado más que el beneficio público. 

Según datos de Proinversión, durante el periodo julio 2011 a setiembre 2016, el número de APP crece sustancialmente alcanzando un total de US$16,278 millones de inversiones, siendo el año 2014 el que registra el monto más alto con US$14,270 millones. Para el año 2017 proyecta adjudicar proyectos por un total de US$4,000 millones de dólares y una cifra similar para el 2018.

Para los especialistas del Grupo Propuesta Ciudadana, las APP son parte del proceso de privatización del gasto público puesto en marcha desde el Ministerio de Economía y Finanzas, con el argumento de que el Estado es ineficiente y que el sector privado puede aportar no sólo recursos financieros, sino experiencia y eficiencia en la ejecución de infraestructura económica. Sin embargo, “tal como vienen siendo manejadas no estarían contribuyendo con obras de calidad y costo eficientes, y se han convertido en vehículos de corrupción a gran escala, tal como se muestra en el accionar de las empresas brasileñas”, señaló Epifanio Baca, economista de esta institución.

En el Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019, se proyecta que las inversiones bajo la modalidad de APP aumentarán a 24.6% de la inversión pública total (durante el periodo 2005-2015 alcanzaba el 7.9% en promedio). El ministro de Economía Alfredo Thorne anunció que el costo de las APP pasará de US$700 millones a US$2500 millones anuales.

Durante la reunión de trabajo “Asociaciones Público Privadas: ¿beneficio público o negocio privado?”, el profesor de la Universidad del Pacífico, Germán Alarco, lamentó que en el Perú se siga entendiendo a las APP como una modalidad sustituta de la inversión pública, con el objetivo ideológico de reducir la presencia del Estado.

“Hay serias falencias, problemas y errores acumulados que al gobierno, avalados por los grupos económicos y mediáticos, no les interesa corregir”, señaló Alarco y resaltó la necesidad de promover e implementar las APP con criterios técnicos y, no ideológicos.

Los expertos coincidieron en señalar que para prevenir más hechos de corrupción se debe demandar la máxima transparencia y acceso a la información sobre todos los contratos en curso y los que están en proceso de adjudicación, hecho que no ocurre en la actualidad.  

Para el economista Humberto Campodónico las APP no son malas per se, sin embargo cuestiona el marco legislativo que las regula o promueve. Por ejemplo, El decreto legislativo 1251 es flexibilizador y da mayor discrecionalidad para la aprobación de las APP, lo que implica un riesgo para el Estado. Además, señala que el Perú tiene los mecanismos más generosos del mundo para el repago de la inversión que ponen los privados en las APP cofinanciadas. Es decir, con sólo conseguir el 10% o 15% ya pueden llevar adelante una APP gracias a los pagos que hace el Estado antes que culmine la obra. Esta práctica no ocurre a nivel internacional.

Para el Grupo Propuesta Ciudadana, el proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero, cuya adenda acaba de firmarse, es ejemplo de una APP desnaturalizada, porque el Estado financia el 80% del costo de la obra y se la entrega a la empresa privada para gestionarla durante 40 años, obteniendo una rentabilidad de 20% al año.

Otro ejemplo es el proyecto Interoceánica Sur (tramos 2, 3 y 4). El año 2005, el costo se estimó en unos US$800 millones, en 2008 creció a 1,300 millones y al 2010 llegó a US$2,000 millones. En el tramo 2 liderado por Odebrecht, el costo subió en 207% de US$ 213 millones a US$653 millones, en el tramo 3 también a cargo de esta empresa, el costo creció en 105% de US$294 millones a US$602 millones.

En suma, las APP se vienen diseñando y estructurando sin los estándares de calidad y precisiones que aseguren que la inversión mediante una APP sea la mejor alternativa en función del beneficio público.

DATO

Según Proinversion, en el periodo enero de 2008 y diciembre de 2015 se han adjudicado 65 proyectos con la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP). La mayor parte de ellas pertenece a los sectores de Energía (31) y Transportes (16). El monto total de inversión asciende a 29,800 millones de dólares (incluido IGV), de los cuales el 65.5% corresponde al tipo de APP autofinanciadas y el 34.5% son cofinanciadas.


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