Hoy que la evidencia muestra que el ciclo de precios altos de las materias primas ha llegado a su fin, podemos afirmar que hemos entrado a un nuevo escenario, cerrando en nuestro país un ciclo (2004-2012) caracterizado por el incremento de la inversión, la producción, las reservas internacionales, los ingresos para las empresas y la recaudación fiscal del sector extractivo. Este boom extractivo permitió al Estado peruano distribuir recursos entre sus niveles de gobierno y llevar adelante diferentes programas y proyectos en la fase inicial del proceso de descentralización.
Al cabo de una década de "boom" planteamos que se abra un debate sobre el rol que cumplió la minería en nuestra sociedad y lo hacemos a partir del balance que sobre la generación, distribución y uso de la renta de la minería, gas y petróleo en el país, contenido en nuestro Reporte N° 19 de Vigilancia de las Industrias Extractivas, algunas de cuyas conclusiones hemos empezado a compartir en este blog.
En la entrega previa vimos cómo este "super ciclo" generó una riqueza que no fue compartida. En esta oportunidad analizaremos un tema crítico: en qué condiciones se produjo la redistribución territorial de la riqueza generada, en el esquema de la descentralización. Esta es nuestra conclusión N° 2:
- No supimos repartir bien la torta.
En el período 2004-2014, las transferencias de recursos hacia los gobiernos regionales, por canon y regalías, se vieron favorecidas por la recaudación creciente de recursos por parte del Estado.
Sin embargo, el que estas transferencias estuvieran concentradas en las principales zonas productoras, generó inequidades en la distribución del presupuesto en perjuicio de las regiones no productoras. Este problema fue parcialmente corregido por las transferencias compensatorias realizadas por el MEF aunque utilizando mecanismos discrecionales y poco transparentes.
El problema de la inequidad en la distribución del presupuesto persiste aunque en menor medida y, tras 10 años, el esquema de distribución del canon sigue sin modificación porque es políticamente difícil lograr un consenso en el Congreso de la República. Una eventual modificación de este esquema debe discutirse retomando la agenda de la descentralización fiscal, que nos permita avanzar hacia un sistema de transferencias más previsible, transparente y menos volátil.
