Por SEMANA económica 

ESCRIBE MARÍA GRACIA OSORES

¿El mecanismo de obras por impuestos es eficiente? ¿Cómo se puede articular para lograr la ejecución de obras realmente prioritarias? Alrededor de estas preguntas giró la discusión en la mesa organizada por Propuesta Ciudadana, que se llevó a cabo el pasado jueves. Asistieron a esta reunión representantes del sector público (MEF y Proinversión), privados (como Southern) y representantes de otras instituciones como la Red de Municipalidad Urbanas y Rurales (REMURPE), Servicios Educativo Rurales (SER), la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Fundación AVINA, la PUCP, etcétera.

En el estudio preliminar, realizado por Propuesta Ciudadana, se señala que a la fecha no se cuenta con estudios que realmente demuestren la mayor eficiencia en inversión social. Asimismo, se considera importante dejar en claro que este mecanismo no forma parte de la responsabilidad social de las empresas, sino que las inversiones provienen de un recurso público.

Denisse Miralles, directora de inversiones descentralizadas de Proinversión, resaltó que el mecanismo de obras por impuestos es una herramienta más que tienen los gobiernos (regionales y locales) para ejecutar su inversión. Este mecanismo, que ofrece una ayuda adicional, está sujeto a restricciones y a los procedimientos de priorización correspondientes.

“Cuando nosotros hacemos una asesoría para la selección de proyectos a las empresas, no podemos exigir que sean proyectos con gran impacto social, sin embargo, creemos que normalmente es lo que la empresa persigue; que justamente es, conseguir una buena relación con la comunidad con la que impacta”, agregó Miralles.

Cabe señalar que según Proinversión, de toda la inversión pública ejecutada en el 2014 por los gobiernos regionales y locales, solamente el 3.5% fue ejecutada mediante obras por impuestos.

Para Camilo León Castro, profesor de la PUCP y conocedor de temas de responsabilidad social, este tipo de mecanismo no es malo en sí. Lo importante es distinguir el interés privado del público en la ejecución de las obras.

“Las mineras invierten en sus áreas de influencias directa en responsabilidad social, salud, seguridad y medio ambiente, pero esto no necesariamente tiene que ver con el desarrollo territorial de una provincia, sino con el control del impacto de un proyecto específico”, explicó el docente. El peligro o riesgo está en si este mecanismo de obras por impuestos financiaría las áreas de relaciones comunitarias de las empresas.

BUENAS EXPERIENCIAS

Guillermo Vidalón, superintendente de relaciones públicas de Southern Copper Corporation, señaló que el mecanismo de obras por impuestos está caminando de manera eficiente, tal es así que el sector privado ha logrado realizar proyectos en menor tiempo que el Estado. Un ejemplo sería la construcción del puente Chilina (en Arequipa) en menos de dos años.

El representante minero detalló que Southern estaría mejorando el saneamiento en Moquegua, e inclusive, aún cuando Arequipa-ciudad no representa un interés empresarial para la minera, se estaría trabajando en proyectos.

De otro lado, tanto para Carlos López de la REMURPE y Eduardo Ballón, secretario técnico de la ANGR, resulta preocupante que la empresa que destina los recursos para la inversión de la obra, contrate a otra empresa sin utilizar el debido proceso que sí utiliza el Estado. Así, no estaría establecido con claridad y transparencia qué criterios utiliza el sujeto que financia la obra para contratar al sujeto que la ejecuta.

Estas apreciaciones y otras, serán recogidas por Propuesta Ciudadana para concluir su estudio sobre el mecanismo de obras por impuestos.