La descentralización y la regionalización en el Perú son procesos bastante curiosos. Aunque sobre ambos hay una abundante bibliografía así como también un extenso debate respecto a qué hacer, sin embargo, ni el ejecutivo, ni el Congreso, ni la mayoría de partidos políticosnacionales, han prestado la necesaria atención a dichosprocesos. 

Plantear que el problema principal es la corrupcióne imaginar que la prohibición de la reelección de los presidentes regionales es el remedio es como equivocarse tanto en el diagnóstico de la enfermedad como en la medicina para curar al enfermo; es como mirar la punta de un iceberg y decir que lo que se ve es todo el volumen de hielo posible.

Con ello se ratifica una de las reglas de oro del poder central en este país: todo aquello que no se puede fiscalizar, controlar o gobernar democráticamente, simplemente se prohíbe. Esta es la norma general que se aplica desde el manejo de los fuegos artificiales hasta los gobiernos regionales.

La corrupción en las regiones no es novedad. Como afirma Carlos Monge en Otra Mirada: “Lo de Álvarez [se refiere a Ancash] se sabía y se denunciaba desde hace tiempo. Sin embargo, el Congreso de la República desestimó pedidos de investigación y de protección a Ezequiel Nolasco y su familia; el Poder Judicial dejó libres a los sospechosos de haber participado en el primer intento de asesinato; la Contraloría General de la República nunca antes le encontró nada; la Fiscalía no lo acusó de nada; y la Policía Nacional le brindaba protección. Y todas estas son instancias del poder central, que resultan totalmente corruptas o totalmente ineficientes, o ambas cosas a la vez” (Infodiario 391).

Se podría decir que la descentralización actual, más allá de reconocer que los avances corresponden más al empeño de los gobiernos regionales y locales que al ejecutivo o legislativo,ha sido, hasta ahora, una forma de convivencia o modus operandi entre las elites que manejan este país y que viven en Lima (ciudad también asfixiada por ese centralismo) y el resto del país.

Es como satisfacer epidérmicamente una demanda a todas luces justa y decirle a las provincias “vean ustedes qué pueden hacer”. Y si hoy la descentralización aparece como un gran problema para estas elites, no es porque sus habitantes viven mal sino más bien porque en las provincias hay mucho dinero y porque, además, está erosionando la legitimidaddel poder central.

En realidad, el proceso de descentralización se ha desarrollado y manejado según las coyunturas y las correlaciones políticas,no en función a un plan concertado entre el poder ejecutivo, el legislativo, los partidos “nacionales” y las regiones y sus representantes.

Poder político y descentralización

Un buen ejemplo fue lo que sucedió con el Consejo Nacional de Descentralización,creado por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización, en el 2002, durante el gobierno de Toledo para, años más tarde, ser reemplazado por una Secretaría de Descentralización, en el gobierno de Alan García. Aunque ambos organismos tienen las mismas funciones hay una diferencia importante: la Secretaría de Descentralización (SD) es una oficina de tercer nivel funcional en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que depende de la Secretaría General.

En cambio, el Consejo Nacional de Descentralización (CND),aunque también dentro del organigrama de la PCM, su jefatura tenía rango ministerial y una composición intergubernamental. Esta organización le daba mayor autonomía, y esto no es un dato menor. Además, la posición de la SD, en la estructura organizacional de la PCM, la hace débil y la limita en el cumplimiento de sus funciones.

Sin duda,el proceso de descentralización que hoy enfrenta una serie de problemases consecuencia de la existencia de un Estado débil, incapaz de fiscalizar, planificar y regular; con una burocracia mal pagada, poco preparada y que es moderna solo en determinados sectores.

Y es que cuando hay partidos sin una real implantación nacional y que están dedicados únicamente a negociar o a cooptar a los caudillos locales y regionales en el momento de las elecciones; cuando los movimientos regionales no están presentes en el Congreso; cuando los grandes intereses tienen -muchas veces- licencia para operar a su libre albedrío en el país; cuando existe una gran informalidad que hoy ha logrado acumular grandes fortunas en algunas regiones; cuando existe una poderosa economía ilegal (narcotráfico, minería y contrabando); cuando se vive en un país de minorías políticas; en fin, cuando un Estado y las elites políticas y económicas renuncian a resolver lo que podemos llamar las grandes tareas,como la descentralización, es obvio que cualquier proceso se desnaturaliza.

Pensar que todos estos problemas se solucionancon la prohibición de la reelección de las autoridades regionales y locales (a partir del 2018), con el cambio de la denominación a “gobernadores regionales” o porque se prolonga su periodo a cinco años, es ilusorio.

Todas son -como se dice- soluciones cosméticas que no abordan los problemas de fondo y que ratifican lo que afirmamos al inicio de este artículo: se prohíbe todo lo que no se puede fiscalizar o gobernar democráticamente.

Además, se prohíbe parcialmente. Porque “meter presos” solo a los presidentes de Ancash, Pasco y Tumbes para que no candidateen, reconociendo que si han cometido delitos deben ser detenidos, pero obviar a otras autoridades regionales y locales corruptas sobre las cuales hay suficientes pruebas, es el mejor síntoma de que el centralismo político y el manejo coyuntural del proceso de descentralización siguen ganando terreno.

Fuente: http://diariouno.pe/columna/poder-politico-y-descentralizacion/