(Desco Opina / 21 de junio de 2014)

Muy al estilo que caracteriza el comportamiento de un gran número de peruanos, solemos dejar las cosas para el final, para cuando están a punto de vencer los plazos. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República no podrían ser la excepción. Es por eso que al borde del cierre de la actual legislatura aparecen en agenda temas como el «paquete reactivador» de medidas económicas propuestas por el Poder Ejecutivo, el debate sobre el proyecto de ley universitaria y por cierto el sonado caso de la megacomisión.

A lo anterior se suma en la agenda política de estos días la definición de las candidaturas municipales a las alcaldías, proceso en el que destaca por su importancia el caso de Lima Metropolitana y sus doce candidatos y candidatas. Todo esto ocurre, por cierto, en medio del campeonato mundial de futbol y los procesos de clasificación para los octavos de final del certamen FIFA que se disputa en Brasil y que se convierte en el gran atractivo y distractor mediático, muy apropiado para que los gobiernos aprovechen la ocasión, aquí en el Perú y también en otros muchos países para intentar sorprender a la ciudadanía para la toma de decisiones sin mayores debates públicos.

En el tema económico parece claro que concluyó el ciclo largo de crecimiento económico, no solo como lo ha venido mostrando la baja de los precios de los minerales, sino también por el agotamiento interno de la economía nacional. El aliento al consumismo para dinamizar el mercado interno no parece más ser el camino cuando mes a mes las estadísticas financieras dan cuenta del incremento de las tasas de morosidad que se contrastan con la caída y ya no solo crecimiento moderado de sectores importantes de la economía que han funcionado como locomotoras: el sector construcción y el sector minero mostrando una contracción importante en el último mes, que llega a superar en uno de los casos el 8%. Aparece así, en las cifras y no en el discurso, el mayor cuestionamiento real a la aplicación del modelo neoliberal, que finalmente no se consagró.

La respuesta del gobierno a través de su «paquete reactivador» no puede sino ser desalentadora para las grandes mayorías y creemos que para los auténticos intereses nacionales, pese a que es aplaudida por CONFIEP. Lo que se propone es nada menos que bajar los costos laborales y las exigencias ambientales además de algunas medidas tributarias de anulación de deudas.

En el tema ambiental se pretende que sea el Consejo de Ministros y no el MINAM quien decida sobre la creación de áreas reservadas, los límites máximos permisibles (LMP) y los estándares de calidad ambiental (ECA). Nos preguntamos ¿cuál es el sentido de tener un Ministerio del Ambiente entonces? Un diario señala que con estas medidas, sumadas a los recortes en funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), se «prevendría la creación de una nueva área reservada en la franja costera de Piura y Tumbes (que se sobrepone a 11 lotes de hidrocarburos) y la imposición de los nuevos ECA de aire, que las fundiciones de cobre se ven imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por la ausencia de tecnología adecuada». La pregunta en este caso sería ¿en qué clase de país estamos que vemos la creación de áreas protegidas como una amenaza?, ¿alguien cree que en el Perú la prepotencia viene de los ambientalistas? Si estos son los términos del debate, y ahora debemos compadecernos porque unas fundiciones no logran operar sin tener aire de calidad para otros seres humanos por «ausencia de tecnología» (nótese el tono lastimero), entonces hemos caído todavía más bajo. Los canales para la ciudadanía se hacen aún más restringidos al centralizar decisiones ambientales en el Consejo de Ministros, por lo demás. Todo en el año que el Perú es anfitrión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, COP 20. Estaremos muy atentos al arsenal retórico al que tendrá que recurrir el Ministro del Ambiente en el estrado principal de dicho evento.

Otro aspecto, que requiere más estudio, es la propuesta de volver a contratos de estabilidad tributaria para las mineras con capacidad de producción inicial de más de 15,000 toneladas métricas por día. Nos parece una admisión tácita de que se han desperdiciado más de 15 años de un entorno muy favorable para el Perú si es que la solución es volver a los CET. ¿Es que hemos desperdiciado dos décadas? Algunas de las propuestas ciertamente parecen insinuarlo sin vergüenza. Paralelamente, el Presidente declara en la Cumbre de la Alianza del Pacífico que el futuro no está garantizado siendo un país primario exportador, arrancando aplausos de la platea por lo que se interpretará, suponemos, como sentido común y hasta valentía. ¿Qué sentido tiene eso ante la propuesta de volver a los CET?

En medio de esto nos encontramos en una situación en la que no hay claridad entre los analistas respecto al diagnóstico y las medidas a tomar. Desde los sectores conservadores y de derecha el problema se confunde entre las causas externas y las del manejo interno de la economía (la llamada tramitología, las exigencias ambientales y los “sobrecostos laborales”) y en el caso de los economistas y analistas de izquierda o con posiciones progresistas no hay un enfoque claro sobre qué hacer realísticamente en esta situación.

Por un lado está el poco crecimiento de la economía norteamericana, la falta de crecimiento importante de la economía europea y las dificultades de China, pero por otro, está la situación interna de bajos salarios en la que se pretende mostrar una realidad de altos costos laborales comparativos (por beneficios como vacaciones y CTS que debieran ser leídos en el contexto de esos bajos salarios) y lo que se califica como agresión tributaria de SUNAT que se pretende amenguar con la anulación de multas e intereses acumulados. En este caso creemos que es indispensable por un principio de transparencia y manejo justo que los ciudadanos podamos acceder a la lista de los principales beneficiados por estas medidas, que seguramente son unos pocos contribuyentes los que concentran lo principal de la deuda que se busca reducir.

Creemos que este es un buen momento para que el mundo académico, las organizaciones gremiales y las fuerzas progresistas intenten construir alternativas que defiendan el interés mayoritario de la nación, antes de ser sorprendidas por ajustes y beneficios que los grupos de poder intentan imponer en defensa de sus intereses particulares, una vez más.