sin ciencia no hay futuro

Congresista Verónika Mendoza: "El gobierno sólo se preocupa por destrabar las inversiones"

Congresista de la bancada Acción Popular-Frente Amplio afirma que no existe política energética clara por parte del Estado para el sector hidrocarburos, y le preocupa la indiscriminada entrega de concesiones sin información previa

Publicado: 2014-04-24

Entrevista realizada a la congresista Verónika Mendoza por Nelly Carrasco del Área de Comunicaciones del Grupo propuesta Ciudadana. 

Apenas inaugurada la gestión del nuevo ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, y en el contexto de la presentación del Libro Blanco de los Hidrocarburos por parte de Beatriz Merino, presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), se anunció la posible suspensión de los Estudios de impacto Ambiental en la fase de exploración petrolera.

La SPH argumentó esta medida debido a un estancamiento en la producción y en la determinación de las reservas de este sector. Para conocer un poco más a fondo sobre este tema, conversamos con Verónika Mendoza, congresista de la República, quien ha seguido de cerca el proceso de implementación de la consulta previa y el avance de algunos proyectos extractivos.


Congresista Mendoza, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos argumenta que hay un estancamiento en la producción y en la determinación de las reservas de este sector. En este sentido, ¿sería pertinente dar cuenta de las reservas con las que efectivamente se cuenta o esta posible medida obedecería a una decisión aislada para acelerar la inversión en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas y las regulaciones ambientales?

Me parece que hay mucha especulación al respecto y poca información oficial clara y sistematizada que permita identificar con certeza las razones de un eventual estancamiento en la producción y exploración de hidrocarburos.  

Si revisamos la información del MINEM tenemos que hemos pasado de 29 contratos (de exploración más explotación) en el 2002 a 80 contratos en el 2012. Es cierto que en el 2013 hemos pasado de 80 a 74, 6 contratos de explotación menos pero es parte de las fluctuaciones normales. Es más, en cuanto a inversiones, no es que podamos hablar de una caída abrupta. Según Perupetro (en Estadística Petrolera 2012), la inversión en hidrocarburos (exploración más explotación) entre el 2008 y el 2010 fue de $ 1 260 millones promedio por año y, entre el 2011 y el 2013 fue de $ 1 497 millones. Con algunas fluctuaciones de por medio, en términos generales, la inversión está creciendo. Así que creo que podemos poner algo de paños fríos al tema.

¿A su parecer existe una política energética clara de parte del Estado?
Definitivamente, no. Aquí la única “política” que hay es el “destrabe” de inversiones. Una verdadera política energética implicaría planificar con una perspectiva de largo plazo y con un enfoque de sostenibilidad; cómo voy a garantizar el abastecimiento de energía para el desarrollo del país, cómo cambiar la matriz energética para ser menos dependientes del petróleo y diversificar las fuentes, apuntando principalmente, en el mediano plazo, a las energías renovables, más seguras y menos contaminantes. Sobre esto no tenemos una ruta, ni metas claras que constituyan política de Estado. Estamos sometidos al interés y conveniencia de los inversionistas privados. Miremos lo que hizo el Gobierno con Petroperú, lo ato de manos y le ha recortado la posibilidad de lograr la integración vertical y con ello la posibilidad de conducir, ordenar, en alianza con los privados, la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos. En resumen, no hay política energética.
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos parece haber formulado una posición sobre el tema: ¿Cómo se podría conciliar las necesidades de esta política con la exigencia de defender los derechos de la población y proteger el ambiente? ¿Cuál es la salida para seguir creciendo sin avasallar estos derechos y la débil institucionalidad ambiental?

Primero, entender que la política energética y la política ambiental no se contraponen, sino que se complementan, por lo menos así debería ser. Lo primero que necesitamos es planificar, tener claro el mapa y la ruta, definir con claridad dónde no se puede explotar el recurso por ser Reserva territorial indígena o Área natural protegida, hacer ordenamiento territorial para poder evaluar todos los criterios ambientales, sociales, económicos que pueden orientar el uso del territorio y de sus recursos.  

No podemos seguir dando concesiones de manera indiscriminada como se viene haciendo, imponiéndoselas a las poblaciones locales sin ninguna información previa y generando expectativas a los inversionistas, porque ellos también requieren predictibilidad. Luego, se puede ordenar y agilizar los trámites para las inversiones pero nunca reducir estándares y exigencias ambientales ni sociales.

Se puede, por ejemplo, armonizar la normativa, crear ventanillas únicas, etc. Pero eso pasa también por mejorar los recursos humanos. Si queremos un Estado más ágil necesitamos también más personal capacitado dedicado a estos temas. Ahí los empresarios deberían decir exactamente qué trámites son demasiado engorrosos o repetitivos para buscar mejorar las cosas, pero que no digan que quieren exonerarse de la consulta previa o de los EIA. Eso es inaceptable. No se puede, en nombre de la atracción de inversiones, vulnerar derechos constitucionales como lo es el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas.

Hasta la fecha ¿Cómo ha sido la política en hidrocarburos en nuestro país? ¿Cómo está al respecto la situación en la Amazonia?
No planificada, supeditada a los intereses privados, con concesiones otorgadas de manera indiscriminada. Hoy alrededor del 70% del total de la Amazonía está lotizada para hidrocarburos y hay superposición con otro tipo de concesiones mineras, forestales, superposición con territorios indígenas, áreas naturales protegidas. Es un desorden total. Además de los graves casos de contaminación o pasivos ambientales nunca atendidos como lo hemos visto en el caso de las cuencas Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en Loreto.
¿Por qué no ha sido posible hasta ahora implementar la consulta previa? ¿Qué factores lo han impedido?, ¿Será posible en algún momento aplicarla?

Tiene que aplicarse, estamos hablando de una norma de rango constitucional, pero sobre todo, estamos hablando de un proceso de diálogo. ¿Acaso el diálogo no es consustancial a la democracia?  

No se ha avanzado por falta de institucionalidad y capacidad en el Estado. Tenemos un Viceministerio de Interculturalidad, el ente rector, reducido a su mínima expresión, con poco personal y presupuesto. No tenemos planes, ni personal capacitado en los sectores, y estamos hablando de capacidades administrativas pero también de “habilidades interculturales” por decirlo de alguna manera. Y eso tampoco se aprende de la noche a la mañana cuando hemos tenido un Estado tradicionalmente de espaldas a los pueblos indígenas, que tuvo políticas de homogeneización cultural antes que de reconocimiento de la diversidad, un Estado para el cual los indígenas eran “ciudadanos de segunda categoría”, para retomar la expresión de un ex-presidente, hay, pues, en todo esto un trasfondo discriminatorio también. Pero el punto de partida es la voluntad política para generar institucionalidad, para contratar y capacitar personal, para financiar los procesos de consulta.

¿Qué repercusiones nos puede traer la suspensión de los EIA’s? ¿Considera que la suspensión de los EIA en la sísmica de la exploración petrolera traerá más conflictos sociales?

Sería sumamente peligroso. El EIA te permite evaluar los posibles impactos y riesgos ambientales de determinada actividad y tomar las previsiones del caso para proteger la biodiversidad y los derechos de los ciudadanos. Te da una línea de base para ir evaluando los impactos cuando se realiza la actividad. Ahora, se ha dicho que la exploración es inocua. Pongamos el ejemplo del lote 88 dentro de la Reserva Kugapakori, Nahua, Nanti. Según el propio EIA de la empresa la sísmica implicaba detonaciones con explosivos para generar las ondas sonoras, vuelos de helicópteros, desbroce y desbosque para 80 helipuertos, perforación de 18 pozos exploratorios, desplazamiento de cientos de personas, etc.  

Cuando se evaluó el EIA se planteó la necesidad de espaciar los vuelos en el tiempo, de reducir el área de sísmica 3D para no afectar áreas de desplazamiento de pueblos en aislamiento, mover pozos exploratorios para que nos estuvieran demasiado cerca de las poblaciones, etc. ¡Imagínate si no hubiera habido EIA! Personalmente considero incluso que no se hizo lo suficiente para resguardar la integridad y la salud de los pueblos indígenas, aún no se tiene un Plan de protección de la Reserva, por ejemplo.

Además, si no hay EIA, ¿cómo se informan los ciudadanos o los pueblos indígenas de la naturaleza y posibles impactos del proyecto? ¿Se eliminarían los talleres participativos? La falta de información y de diálogo sin lugar a dudas generaría conflictos.

¿Qué medidas va a tomar al respecto, tanto desde las Comisiones del Congreso en las que usted participa como en su bancada?
En la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología hemos convocado a los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Cultura para tratar estos temas con transparencia y responsabilidad. En estos temas tiene que haber políticas de Estado, no pueden estar los ministros contradiciéndose entre ellos.
¿Qué recomendaciones daría al gobierno sobre este tema?
Cumplir con las normas ambientales y el deber constitucional que tienen de consultar a los pueblos indígenas aquello que pudiera afectarlos. Fortalecer la institucionalidad ambiental, contratar personal suficiente en cantidad y calidad para que atienda los trámites en la materia, de manera eficaz y que a su vez garanticen el respeto de los más altos estándares ambientales y sociales. Fortalecer al Viceministerio de interculturalidad para que pueda impulsar los procesos de consulta asesorando a los diversos sectores, así como a los pueblos indígenas.

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